La entidad no está obligada a auditar sus cuentas según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley 50/2002 de Fundaciones y normativa autonómica aplicable, dado que no supera los límites legales de ingresos, activos o número de empleados que exigen auditoría externa.
Por lo tanto, no se dispone de informes de auditoría para el año 2024.
